La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, alcanza también a los demás condenados en el expediente que en 2022 impuso a la expresidenta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. El fallo original fijó un decomiso de $84.835 millones, que tras la intervención de peritos de la Corte Suprema fue actualizado a $684.990 millones.
Los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy habían objetado la actualización, alegando que se convirtió en definitiva una cifra provisoria, que el método utilizado no estaba debidamente fundamentado y que se trató de forma desigual a su defendida. También pidieron frenar las medidas patrimoniales hasta que hubiera sentencia firme sobre el nuevo monto.
El tribunal rechazó los argumentos, señalando que la cifra original ya era parte de la sentencia firme, que el método fue respaldado por peritos oficiales y que no hubo cuestionamientos técnicos a la actualización. Además, consideró que los precedentes citados por la defensa no eran comparables y que en este caso se garantizó la participación de peritos de todas las partes.
En su resolución, el TOF 2 dispuso rechazar “in limine” las nulidades y conceder el recurso de Casación contra la actualización del decomiso, pero sin suspender su ejecución. Así, el expediente seguirá su curso mientras la Cámara Federal de Casación analiza el planteo.
