La convocatoria fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los exlibertarios de Coherencia, a menos de veinte días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Reforma de la ley de DNU
El proyecto que limita el uso de los DNU —ya con media sanción del Senado— genera máxima preocupación en la Casa Rosada, ya que su aprobación podría restringir el margen de maniobra del oficialismo en un contexto de debilidad parlamentaria.
La iniciativa requiere 129 votos afirmativos (mayoría absoluta) y establece un plazo de 90 días para que cada decreto sea tratado por el Congreso. Si en ese lapso no se analiza, quedará automáticamente derogado. Además, dispone que para mantenerse vigente debe contar con el aval de ambas cámaras.
Otro punto sensible para el Gobierno es que, si una de las cámaras rechaza un DNU, este también queda derogado, lo que cobra especial relevancia porque el peronismo mantiene mayoría en el Senado.
Sin embargo, el desenlace aún es incierto, ya que PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen, y se prevé que gran parte de esos bloques se abstenga o incluso acompañe al oficialismo en la votación.
Pedido de remoción de Espert
Otro eje central del debate será el pedido para remover a Espert como titular de la Comisión de Presupuesto. La iniciativa, presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz, se apoya en la causa judicial que investiga al legislador por presunto financiamiento electoral ilegal y posibles vínculos con una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.
Para aprobar la remoción se necesitan los dos tercios de los votos, por lo que la oposición buscará, en principio, emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para su tratamiento.
Citaciones y control parlamentario
Los bloques opositores también impulsarán un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Además, propondrán fijar como fecha límite el 20 de noviembre para la emisión del dictamen del Presupuesto 2026.
Otro punto de la agenda será un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, por los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos.
Otros proyectos en debate
Entre los temas previstos, también figura la designación del titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante concurso público. La candidata con mayores posibilidades es María Paz Bertero, funcionaria bonaerense del gobierno de Axel Kicillof, reconocida por su trabajo en políticas de género.
Asimismo, se debatirán iniciativas para declarar la emergencia en Ciencia y Tecnología, crear un programa de prevención del Alzheimer, solicitar la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas y reformar el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Varios de estos proyectos carecen de dictamen, por lo que se buscará aprobar emplazamientos de comisión. También se prevé insistir con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente pero no reglamentada.
En esa misma línea, la oposición pretende tratar un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable” la cláusula suspensiva del decreto 681/25, vinculado a la emergencia en materia de discapacidad.
Interpelación por el “blindaje” financiero
Otro punto que promete debate será la interpelación al ministro Caputo para que brinde precisiones sobre las negociaciones con Estados Unidos en torno al posible “blindaje financiero” anunciado recientemente. En ese contexto, se tratará un expediente para reafirmar las atribuciones del Congreso establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, relativas a la toma de empréstitos por parte del país.
Proyecto de los gobernadores
Finalmente, hacia el cierre de la sesión, los bloques opositores impulsarán el proyecto presentado por gobernadores provinciales para modificar la distribución del impuesto a los combustibles, con el objetivo de recuperar recursos destinados a los fondos fiduciarios eliminados por el Ejecutivo.
