Según la resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, las empresas no deberán trasladar por ahora a los usuarios las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 ni las futuras, ni afrontar las sanciones complementarias firmes en sede administrativa. No obstante, estas obligaciones quedarán registradas en cuentas contables específicas, sujetas a auditorías del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del propio ministerio.
El objetivo oficial es garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico hasta que se normalice el esquema tarifario con la nueva RTI, que el gobernador Axel Kicillof pidió acelerar. El destino final de los montos acumulados se definirá en la próxima revisión, pudiendo acreditarse a los usuarios, destinarse a inversiones u otro uso previsto por la normativa.
Convenios con Edenor y Edesur
En paralelo, la Provincia aprobó convenios con Edenor y Edesur para reconocer las deudas derivadas del antiguo régimen de Tarifa Social Eléctrica, correspondientes al período del 1° de junio al 15 de julio de 2024, tras el traspaso al nuevo esquema de bonificaciones.
El total de los pagos será de $24.737 millones, a abonarse en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026: $17.691 millones a Edenor y $7.046 millones a Edesur. Los convenios tienen carácter cancelatorio y definitivo, buscando evitar perjuicios económicos a los usuarios beneficiarios del sistema anterior.
