La defensa argentina apeló la medida y, mientras se resuelve, el tribunal concedió una suspensión temporal del traspaso de las acciones. La sentencia original de Preska, dictada el 30 de junio, fijó una indemnización de US$16.100 millones —más intereses diarios superiores a los US$2 millones— a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park.
Tres posibles escenarios
La Corte podría:
- Conceder la continuidad de la medida cautelar, lo que mantendría frenado el traspaso de acciones mientras avanza el proceso.
- Rechazar la cautelar, habilitando a Preska a ejecutar la transferencia. Burford ya adelantó que no liquidará las acciones de inmediato como “acto de buena fe”.
- Aceptar la suspensión pero impedir el pago en acciones, obligando al Estado a ofrecer otros activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.
Si se mantiene la cautelar, habrá otra instancia para definir la orden de Preska. En cambio, si se niega, Argentina enfrentará la disyuntiva de llegar a un acuerdo con los acreedores o no cumplir el fallo, lo que podría derivar en un desacato con riesgos de embargos sobre reservas del Banco Central, restricciones para acceder a mercados de capitales y posibles medidas contra activos de YPF.
El núcleo del litigio
El juicio no cuestiona el derecho de Argentina a expropiar la compañía, sino que apunta a la falta de Oferta Pública de Adquisición que estipulaba el estatuto de YPF. Según la demanda, el incumplimiento perjudicó a inversores que poseían acciones en la Bolsa de Nueva York, habilitando así la competencia judicial en Estados Unidos.
Actualmente, Argentina sostiene dos apelaciones en paralelo: una contra la sentencia que impone el pago millonario y otra contra la orden de entregar el 51% de las acciones. “Preska está invadiendo una jurisdicción” y no puede obligar a expropiar títulos registrados en la Caja de Valores, argumentó la defensa, que recordó que cualquier medida sobre las acciones de YPF debe contar con la aprobación del Congreso por mayoría especial.
