Bloqueo de decretos y DNU
Las iniciativas del Ejecutivo cuestionadas incluían cambios en organismos estatales de relevancia, como la disolución de Vialidad Nacional, ajustes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, y modificaciones en entidades como el INTI, el INTA y organismos culturales. El DNU rechazado afectaba a la Marina Mercante, al modificar derechos como el de huelga y la calificación de servicio esencial.
Durante el debate, varios senadores expresaron preocupación por las consecuencias de estas medidas. Pablo Bensusán (peronista, La Pampa) advirtió que “destruir estas estructuras es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo”, mientras que Pablo Blanco (UCR) acusó al Ejecutivo de vaciar de contenido a los organismos y subordinarlos a estructuras menores. Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) cuestionó el crecimiento del INTA sin resultados proporcionales, y Alfredo De Ángeli (PRO) sostuvo que el Gobierno debería revisar la situación de ambos organismos. En tanto, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) defendió la reorganización legal, asegurando que las funciones de los organismos se mantienen.
La votación final reflejó un rechazo mayoritario:
- INTA e INTI: 60 rechazos, 9 afirmativos, 1 abstención.
- Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos, 1 abstención.
- Banco Nacional de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos, 1 abstención.
- Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos, 3 abstenciones.
- Vialidad Nacional: 50 rechazos, 10 afirmativos, 1 abstención.
Garantía de presupuestos para universidades públicas
En paralelo, la Cámara alta sancionó la ley que actualiza los presupuestos de las universidades públicas. La norma fue aprobada con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa establece la actualización de los gastos de funcionamiento desde el 1º de enero de 2025 según la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, con ajustes bimestrales durante el año. También obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023, garantizando que los incrementos sean remunerativos y bonificables, y a convocar negociaciones paritarias con frecuencia máxima de tres meses.
El debate reflejó las distintas posturas: Fernando Salino (peronista) alertó sobre la caída de transferencias a las universidades y el costo fiscal de la ley, mientras que Maximiliano Abad (UCR) criticó la falta de resolución de problemas sociales previos. José María Carambia (FpV) y Flavio Fama (UCR) defendieron la importancia de la educación pública, y Ezequiel Atauche destacó los problemas en educación inicial y distribución desigual de recursos entre universidades.
Emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan
Finalmente, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, tomando como referente al Hospital Garrahan. La norma, que será vetada por el Ejecutivo, recibió 62 adhesiones frente a ocho rechazos. Establece la asignación inmediata de recursos para insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial. También prevé la recomposición salarial del personal de salud y la eximición del pago de Ganancias para quienes realicen actividades críticas.
Senadores de distintas fuerzas destacaron la importancia de la medida: Lucía Corpacci (kirchnerista) subrayó el valor de proteger a los 28.000 niños atendidos anualmente en el Garrahan, Luis Juez (PRO) contó la experiencia de su hija como paciente, y Guillermo Andrada (peronista) enfatizó el rol del hospital en cáncer infantil y formación profesional. Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (PRO) criticó la gestión del Gobierno y la desigualdad en el acceso a la salud.
Con estas decisiones, el Senado dejó en claro su postura crítica frente al Ejecutivo, marcando un fuerte mensaje en torno a la reorganización de organismos, la educación superior y la atención pediátrica nacional.
