A diferencia de lo que habían pedido sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, Villar sostuvo que la expresidenta puede permanecer con la morigeración de la pena, pero requirió cambio de domicilio. Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina se asegura su continuidad en prisión domiciliaria.
En su apelación, Luciani y Mola habían insistido con el pedido de traslado de la exmandataria a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uno de sus argumentos centrales es que no estaban dadas las condiciones humanitarias para otorgar la morigeración de la pena a la ex presidenta.
Sin embargo, ante la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar no pidió que Cristina cumpla la condena del caso Vialidad en una cárcel común. Y explicó que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.
Y si bien no presentó oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria “siempre que la condenada se mantenga a derecho”, el fiscal general propuso un cambio de domicilio; es decir que siga sus días de detención fuera del departamento de San José 1111.
En ese sentido, hizo referencia a los movimientos de militantes y seguidores fuera de la vivienda que alteran la tranquilidad de los vecinos del barrio. Además, hizo hincapié en que las salidas al balcón representan un riesgo para la seguridad de CFK y por eso sería una solución correcta trasladar el domicilio de cumplimiento de la condena.
Ante tales circunstancias, Villar entiende que es necesario un cambio de domicilio para que Cristina continúe gozando del beneficio del arresto domiciliario. Si los jueces coincidieran con él, será el abogado Carlos Beraldi quien deberá proponer nuevos inmuebles al juez Jorge Gorini que ejecuta la pena.
Finalmente, Villar planteó que la expresidenta debe seguir portando la tobillera electrónica en oposición a los pedidos de la defensa, al menos hasta que surjan informes que la dispensen.
