Vale recordar que en 2020, debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección Provincial contra el Delito Complejo crearon un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de su libertad en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense.
Dicha autorización de utilización de los teléfonos celulares se extendió más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la vigencia de tal medida durante el período que subsista el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Asimismo, el proyecto plantea el incumplimiento de la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798, la cual establece en su artículo 17 que las comunicaciones no pueden afectar la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y las buenas costumbres.
Atento a ello, y sumado a los reiterados engaños e intentos de estafas e incluso mensajes y llamadas intimidatorias que hay recibido varias familias de nuestra ciudad, se solicita al gobernador Axel Kicillof y por su intermedio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que deje sin efecto el protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de los internos del servicio penitenciario bonaerense.
