El documento fue elaborado por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, investigadores y científicos integrantes de organizaciones e instituciones de referencia en el estudio del impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, como el Instituto de Salud Socio Ambiental dela Universidad de Rosario (Inssa), la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA, el Grupo Gesta de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y los hospitales Garrahan y Posadas.
A lo largo de 12 capítulos, la Guía hace un repaso de la bibliografía sobre usos de agrotóxicos en el país y el perjuicio en la salud infantil generado por productos mayormente utilizados en los campos de la Argentina como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, Paraquat, carbofuran y glifosato. Precisa material científico publicado en libros y revistas especializadas, poniendo el énfasis en los años recientes.
El nutrido aporte de documentación científica de cada capítulo desmiente el latiguillo de “debatir con base científica”, que las cámaras agropecuarias, multinacionales de la agroindustria y funcionarios públicos utilizan para desprestigiar las denuncias de las asambleas ciudadanas, movimientos campesinos y profesionales de la ciencia digna para intentan bloquear la discusión sobre los impactos del modelo agrotóxico en la salud y el ambiente.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti -pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP- afirma: «Es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica».
Caletti califica al efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Entre la deficiencias que impiden un correcto control sanitario del uso de los agrotóxicos, la pediatra consultora del Garrahan enumera: Falta de leyes e incumplimiento de las existentes; ausencia de personal de salud capacitado sobre el tema; falta de concientización de la población; falta de educación comunitaria, ausencia de registros médicos adecuados y ausencia de estadísticas.
«La mayoría de los países desarrollados tiene legislación restrictiva sobre el uso de estos productos. Incluso Francia tiene una legislación que obliga a disminuir, cada 5 años, el 30 por ciento de agrotóxicos usados hasta dejar de utilizarlos en el 2035″, compara la citada profesional, integrante del Comité de Salud Ambiental de la SAP, y convoca: «Hay mucha tarea por realizar en la Argentina, tanto dentro del sector salud como fuera de él».
DOCUMENTACION CIENTIFICA: El documento de la SAP cuenta con un centenar de citas bibliográficas de documentación científica sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil, pero los capítulos escritos por Souza Casandinho, Ávila Vázquez, Pablo Cafiero -pediatra del Desarrollo y jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan-, Bocles y Markov se detienen de manera extensa en la prueba científica existente.
Señalan: «Si bien los primeros estudios científicos en la primera década del 2000 fueron objeto de persecución política (caso Andrés Carrasco en Argentina y Gilles-Eric Séralini en Francia), en la actualidad no solo sus trabajos son ampliamente aceptados, sino que también se multiplicaron los grupos de investigación que estudian su toxicidad desde diversos puntos de vista», advierten Markov y Bocles sobre el falso debate que sostienen representantes del agronegocio y funcionarios públicos cuando desacreditan las denuncias de los impactos en la salud por la supuesta falta de “base científica”.
«La Sociedad Brasileña de Pediatría ha empezado a exigir ese camino con fuerza, reclamando en su país, una política de reducción en el uso de agrotóxicos. En Argentina también debemos solicitar ese tipo de políticas que se desarrollan en otros países del mundo con éxito. Necesitamos decisiones políticas en ese camino, pero también que los pediatras garantes de los Derechos del Niño los reclamemos con firmeza», sostiene Medardo Ávila Vázquez en el capítulo que escribe para el documento de la SAP.
