En Mar del Plata comenzará esta semana el juicio por “La Cueva III” por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará el próximo viernes el juicio de la causa “La Cueva III“, en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea durante la última dictadura cívico-militar.

El debate de este proceso oral y público estará a cargo de los magistrados Daniel Obligado, Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni, quienes escucharán las acusaciones contra un grupo de civiles vinculados al aparato represivo del terrorismo de Estado.

   Los imputados son Salvador Ullúa, Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, investigados por participar en “La Noche de las Corbatas“, un operativo represivo en el que fueron secuestrados y desaparecidos varios abogados laboralistas de Mar del Plata.


   Ullúa llega a este juicio cuando atraviesa otro proceso oral en el que se analizan hechos cometidos por la banda parapolicial Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que operó en la ciudad balnearia durante la década del setenta.

   Los cinco están imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, que funcionó en el edificio del viejo radar de la Base Aérea marplatense, situado junto al aeropuerto local, sobre la ruta 2.

   Este centro de detención, que es objeto de investigación en otros procesos abiertos en la justicia federal marplatense, estaba bajo el control operativo del Ejército, fuerza que desde la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, en Camet, al norte de la ciudad, comandaba la denominada Subzona Militar 15 de la provincia de Buenos Aires.

   Para el fiscal que investigó la causa, Nicolás Czizik, los delitos cometidos “se enmarcan en el contexto de la organización y funcionamiento de una estructura estatal ilegal (…), la cual tenía como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión, comprensivo de la masiva y sistemática violación de los derechos humanos”.

  Según Czizik, los imputados “han tomado parte de una asociación ilícita durante el plan sistemático de represión ilegal llevado adelante por las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre 1976 y 1978”.

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