La resolución surge tras los hechos de público conocimiento, difundidos por los medios locales, y a partir de una denuncia presentada por una profesional de la salud, quien advirtió sobre un presunto caso de maltrato hacia dos menores de 5 y 12 años.
A partir de la visibilidad del caso, no se descarta que puedan aparecer nuevos testimonios o posibles víctimas.
Como parte de la medida, tanto la presidenta como la cuidadora tienen prohibido acercarse a la institución donde el pasado viernes ocurrieron los hechos que actualmente investiga la Justicia.
