Recordó que en 2019 los vecinos presentaron ante las autoridades municipales y la entonces prestataria Aguas de Balcarce un pedido formal para la puesta en marcha de la red de agua potable y cloacas. Sin embargo, afirmó que, pese a reiteradas gestiones, no hubo avances concretos. Por ese motivo, este año retomaron el reclamo y lo elevaron también ante la actual empresa encargada del servicio.
Dificultades geológicas que agravan la falta del servicio
En su exposición, Bussolini explicó que la formación rocosa de la Sierra La Barrosa impide realizar perforaciones en muchas propiedades, lo que hace imposible acceder a fuentes propias de agua subterránea, aun intentando a gran profundidad. Indicó además que los pozos privados existentes —ubicados a más de 200 metros de algunas viviendas en las calles 55 y avenida Dorrego— suelen presentar sarro, minerales pesados y posibles sustancias contaminantes. “Es una emergencia sanitaria”, enfatizó.
Detalló, además, que el área afectada abarca aproximadamente desde calle 36 hasta la Sierra por calle 55, y desde calle 53 hasta la Sierra por avenida Dorrego. Allí, sostuvo, el acceso al agua potable no depende de la voluntad ni del esfuerzo económico de los vecinos, sino de la intervención del Estado.
Reclamo por la intervención estatal
El expositor pidió que el Municipio, el Concejo Deliberante y OSEBAL retomen las gestiones ante autoridades provinciales y nacionales, especialmente tras el reciente traspaso de la ex ENOHSA a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Solicitó que las obras se ejecuten con urgencia y sin costo para los vecinos, al tratarse —sostuvo— de un servicio esencial cuya provisión es responsabilidad del Estado.
Como sustento de su pedido, mencionó normativa nacional y provincial sobre el derecho al agua potable, programas específicos del Gobierno bonaerense y la resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental. También citó informes del INTA y una ordenanza municipal que prevé la ampliación de redes en sectores urbanos.
Una necesidad para una población proyectada en 2.600 vecinos
Bussolini estimó que la obra beneficiaría a una población futura de 2.600 habitantes, distribuidos en unas 45 hectáreas con una densidad aproximada de 58 personas por hectárea. “Es una cuestión de salud pública, de justicia social y de respeto por los derechos humanos”, sintetizó.
Tras la exposición, las autoridades del Concejo agradecieron la claridad del planteo y tomaron nota formal de la solicitud. No hubo intervenciones de los bloques y el presidente del cuerpo invitó al vecino a dejar copia del escrito para su distribución entre los concejales.
