En las últimas horas, Fernández envió una carta documento al director del medio Infórmese Primero, Hugo Bernardo Ponce. La misiva, según se desprende de su contenido, carece de fundamentos verificables y está cargada de acusaciones consideradas falsas por el destinatario. En ella, se intima a Ponce a rectificar dichos que, según asegura el periodista, jamás existieron, bajo amenaza de iniciar acciones legales y reclamar un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
El episodio se remonta al 29 de octubre, cuando una vecina identificada como Graciela Karaguiozov, esposa del reconocido periodista y relator deportivo Oscar Fernando Rojas, brindó un testimonio al medio mencionado. Relató una situación vivida dentro del Hogar “La Merced” que, según sus palabras, la dejó “dolida y destratada”. Señaló que a su esposo no se le permitió ingresar debido a su contextura física y por la “falta de empatía y humanidad” del presidente de la institución.
Rojas, quien enfrenta problemas de salud desde hace varios años, habría sido afectado emocionalmente por el episodio. A pesar de ello, ni la vecina ni el medio realizaron agravios, insultos o injurias contra la institución, limitándose a exponer una experiencia personal.
En este marco, la carta documento enviada por Fernández es considerada por el medio como un intento directo de coartar la libertad de expresión, un derecho garantizado por la Constitución Nacional. En democracia, tanto ciudadanos como comunicadores tienen el derecho de informar y opinar sin censura previa.
Pero este no sería el único foco de conflicto que pesa sobre la gestión de Gerardo Fernández. Existen testimonios de presuntos episodios de maltrato laboral ocurridos durante su presidencia, en julio de 2022. Según pudo reconstruirse:
Una trabajadora identificada como S.D. se vio obligada a renunciar tras denunciar hostigamiento sistemático, presiones constantes y acciones intimidatorias que le generaron estrés crónico y afectación emocional.
Otra empleada, M.M., habría atravesado una situación similar: acoso psicológico, humillaciones reiteradas y degradaciones permanentes. Según su testimonio de aquel momento: “Él propició todo tipo de gritos e insultos. Nos trataba de estúpidas, de taradas. Llegó a decir que las empleadas éramos ‘el cáncer de la institución’”.
Una tercera trabajadora, N.C., relató: “A mí me triplicó las tareas para que no pudiera con todo. Me insultaba y denostaba mi trabajo. Me dijo: ‘yo si quiero te echo a la mierda, y andá a hacerme juicio después’”, como amenaza permanente. N.C., al igual que M.M., tenía casi dos décadas de antigüedad cuando, según afirma, fue maltratada y despedida.
Estos casos, y la posibilidad de que existan otros, son hechos que Fernández debería aclarar públicamente, especialmente considerando que el Hogar de Ancianos “La Merced” fue históricamente una institución prestigiosa, sostenida durante décadas por un grupo de damas de beneficencia reconocidas por su compromiso social.
En este contexto, distintas voces señalan que Fernández no estaría a la altura del rol que ocupa y que debería evaluar dar un paso al costado si no puede garantizar una gestión transparente, empática y respetuosa en una institución dedicada al cuidado de adultos mayores.
La democracia se sostiene en un principio básico: toda persona tiene derecho a expresarse libremente, con respeto, sin temor a represalias y sin recibir amenazas legales infundadas. Tal vez sea momento de que el presidente del Hogar reflexione sobre su accionar y considere renunciar por el bien de la institución.
