Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil: Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, quienes recibieron prisión perpetua. La misma pena correspondió a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.
En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez, a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares, a 6 años; y José Luis Álvarez, a 5 años de prisión. Hubo 27 absoluciones. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno —cuyo padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue una de las víctimas— se manifestó tras la lectura del veredicto:
“Quiero destacar el compromiso de los sobrevivientes con los diferentes testimonios que aportan a la construcción de la verdad. La sentencia, obviamente, tiene algunos puntos que las querellas apelarán porque consideramos que están probados muchos hechos que sucedieron hace ya muchos años. Es un proceso que tiene mucho de angustiante, pero también de reparador”, afirmó Moreno.
El fallo también determinó que los casos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad, destacando los hechos ocurridos en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, cuando fueron secuestrados sindicalistas.
El veredicto, en la UNICEN
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dio lectura al veredicto en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos de la provincia y la región.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fue querellante en este proceso, que comenzó el 25 de febrero de 2022.
El circuito represivo del centro de la provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Méndez, Base Aérea, Comisarías Primera y Segunda de Tandil; la Delegación de la Policía Federal Argentina, Unidad Regional IX, Unidad Penal N°7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N°2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisarías de Las Flores y Olavarría.
Las víctimas
La mayoría de las víctimas provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Hubo cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, evidenciando la participación empresarial.
Se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de dar testimonio.
En total, se realizaron 104 audiencias en las que se escucharon los testimonios de 213 personas.
