La manifestación comenzó desde temprano en la entrada del edificio. Según relataron los participantes, las autoridades habían acordado mantener un encuentro para abordar las demandas vinculadas con bajas injustificadas de subsidios, recortes salariales y faltante de medicamentos y terapias en casos críticos, entre otras problemáticas. Sin embargo, tras varias postergaciones y el anuncio de la cancelación de la reunión, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas.
Desde el Foro Permanente Discapacidad cuestionaron la falta de voluntad política para ofrecer una respuesta concreta a las demandas planteadas por instituciones, trabajadores y personas con discapacidad. “A pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”, expresaron en un comunicado.
Por su parte, Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió un colapso generalizado del sistema: “Ya está todo colapsado. Estamos completando los papeles para renovar las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas las van a tener”.
Visiblemente afectada, agregó: “Es agotador. Es un sector vulnerable. Como madre pasé de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga, abra la puerta y nos reciba”.
Entre los principales reclamos figuran la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de los aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas establecidas por la Ley 27.793 y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos fundamentó la decisión en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.
La medida generó un amplio rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que reclaman la aplicación inmediata de la ley.
Reclamo de los trabajadores
Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad también se sumaron a la protesta. Denuncian que sus salarios no se actualizan desde principios de año y que trabajan en condiciones de precariedad. Muchos de ellos se desempeñan en tareas de atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que se encuentran retrasados por falta de recursos.
“Son empleados de distintas dependencias del país que hoy vinieron a reclamar porque ya no pueden sostener más esta situación”, explicó una cronista en el lugar. “Pidieron ser recibidos para conformar una mesa de negociación, pero ante la negativa decidieron ingresar”.
Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación expresó el hartazgo del sector: “Estamos trabajando sin aumentos, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”.
