Tres meses después de la resolución del juez Daniel De Marco, los camaristas Alfredo Deleonardis y Marcelo Madina rechazaron los planteos de nulidad presentados por las defensas, confirmaron la elevación a juicio y también denegaron el pedido de cese de detención de Segovia, quien continúa alojado en el complejo penitenciario de Batán.
En el mismo fallo, que cuenta con una extensión de 30 páginas, los jueces revocaron parcialmente el sobreseimiento por el delito de prevaricato, en línea con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Además, sobreseyeron al ex policía Javier Rubén Collova, representado por la abogada penalista Adelina Martorella. Collova se había desempeñado en el Gabinete de Robos Calificados a Viviendas de la DDI y estaba imputado como partícipe de asociación ilícita y por encubrimiento.
Con esta decisión, irán a juicio junto a Segovia los imputados Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Cristian Gari, Lautaro Resúa, Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti.
En la resolución de junio pasado, el juez De Marco ya había dictado el sobreseimiento de Iván Medigovich y Leonardo Di Biase en relación con los delitos de encubrimiento agravado por su rol como funcionarios públicos, falsificación ideológica de documentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal. El resto de las imputaciones se definirá en juicio oral y público ante tribunal y fecha aún no determinada.
La investigación, llevada adelante por la Fiscalía General con participación de integrantes del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI), identificó a la estructura como una organización delictiva estable y con permanencia en el tiempo. Según los elementos reunidos, Segovia habría dirigido al grupo integrado por el policía Gastón Moraña, los ex oficiales Javier González y Héctor Sosa, el policía federal Nicolás Rivademar, el agente retirado Christian Holtkamp, el ex comisario exonerado Juan Pablo Velázquez, el abogado Lautaro Resúa y los ciudadanos Javier Toletti y Claudio Alaniz. También se menciona un segundo grupo, con un rol de menor jerarquía, en el que se encontraba Collova.
De acuerdo con los investigadores, desde posiciones jerárquicas en la fuerza policial, el grupo habría logrado desviar investigaciones y obstaculizar el accionar de fiscales. Además, se señalan maniobras vinculadas con el cobro de sumas de dinero a personas dedicadas a la compraventa informal de divisas, quienes habrían sido obligadas a pagar para continuar operando.
En relación con el imputado Resúa, se detalla el presunto delito de prevaricato, y en el caso de otro de los acusados, la tenencia de un arma de fuego hallada durante un allanamiento.
En el pedido de elevación a juicio, el Ministerio Público destacó que en causas de criminalidad organizada resulta compleja la recolección de prueba directa del pago de coimas o beneficios indebidos. Sin embargo, señaló que ya en la etapa de prisión preventiva se habían detectado inconsistencias patrimoniales en los bienes de Segovia, presuntamente incompatibles con sus ingresos como funcionario policial.
El informe expone un incremento patrimonial significativo, operaciones económicas sin justificación lícita y un nivel de vida presuntamente desproporcionado. Los investigadores relacionaron ese crecimiento con el período de tiempo en el que habrían ocurrido los hechos investigados.
En las conclusiones, se indica que aunque no se hayan registrado imágenes o documentos de las supuestas entregas de dinero, se detectaron elementos tales como cuentas, bienes, fajos de dinero y cajas vacías. “Cuando los ingresos no explican los egresos, cuando la evidencia contable contradice el relato defensivo, cuando todo coincide en tiempo, forma y función, ya no se habla de sospecha, se habla de prueba”, señalaron los fiscales.
