Se trata de la tercera ocasión en un mes en que el Congreso desestima una derogación impulsada por el presidente Javier Milei. El primer rechazo había sido al veto de la Emergencia en Discapacidad, que el Ejecutivo aún no reglamentó.
En la votación, tres senadores del PRO —Alfredo de Angeli (Entre Ríos), María Victoria Huala (La Pampa) y Martín Goerling (Misiones)— optaron por abstenerse en ambos proyectos. En tanto, la radical Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo únicamente en el debate sobre universidades.
El costo fiscal de las leyes
De acuerdo con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), equiparar los sueldos del personal y residentes a valores de noviembre de 2023 representaría un gasto adicional anual de $133 mil millones.
Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario prevé actualizar las partidas para el funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria a valores del 1° de enero de 2025, ajustadas por la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, establece para este año actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El proyecto también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en base a la inflación acumulada, y luego ajustes mensuales según el IPC. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de esta iniciativa equivaldría al 0,23% del PBI.
