La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Entre los principales puntos se destacan la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad, la declaración de interés público de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma movilidad que las jubilaciones y exenciones de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad de manera permanente.
El Ejecutivo recordó que había vetado la ley previamente mediante el Decreto 534/25, argumentando que su aplicación requería criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad. Sin embargo, la insistencia del Congreso con mayoría especial obligó a Milei a promulgar la norma, aunque la ejecución dependerá de la aprobación de las partidas en el presupuesto nacional para 2026.
Se estima que la creación de la nueva pensión demandará $2,17 billones para 2025 (0,26 % del PBI) y $4,71 billones para 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suma el “Programa Incluir Salud”, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 (0,07 % del PBI) y $1,24 billones en 2026 (0,12 % del PBI), y la compensación de emergencia a prestadores, calculada en $278.323 millones (0,03 % del PBI). En total, la implementación completa de la ley requeriría $3,02 billones, equivalentes al 0,35 % del PBI.
El Gobierno advirtió que el presupuesto vigente no cuenta con créditos suficientes para cubrir la aplicación de la ley y que cualquier ejecución completa solo podría autorizarla el Congreso. Según el texto oficial, incluso si se destinaran todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, “ello resultaría insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
