Desde el oficialismo, Gonzalo Scioli (Juntos) acompañó la postura y planteó la necesidad de dar intervención a la Defensoría del Pueblo para impulsar un amparo colectivo. Subrayó que la tarifa diferencial “no es un privilegio”, sino un mecanismo para compensar las condiciones climáticas más severas de la región.
En contraste, Enrique Guillén (La Libertad Avanza) pidió no generar alarma, recordando que el Presupuesto “recién ingresó al Congreso”, y respaldó la política nacional de reducción de subsidios.
Por su parte, Martín Pérez (Frente de Todos) insistió en que el Concejo debía pronunciarse de inmediato, con el objetivo de que los legisladores nacionales tengan en cuenta el perjuicio que provocaría la eliminación del beneficio en los municipios y en la economía regional.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por la mayoría de los bloques, con excepción de La Libertad Avanza, que se abstuvo.
