La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, cuenta con la adhesión de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), que representa a los no docentes.
Bajo la consigna “Basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, gran parte de las universidades nacionales postergará el inicio del segundo cuatrimestre. En algunas, el paro se extenderá durante toda la semana, mientras que en otras dependerá del nivel de adhesión y conflictividad interna.
La Conadu definió la medida en un plenario con 25 gremios de todo el país y advirtió: “Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”.
En la Universidad de Buenos Aires, el martes se realizarán actividades de visibilización con clases públicas, radios abiertas y charlas informativas en facultades, institutos y hospitales universitarios. El paro también impacta en colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, y en las instituciones dependientes de la Universidad Nacional de La Plata, donde no habrá clases durante la semana.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, señaló que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza”.
La tensión creció luego de que el Poder Ejecutivo estableciera incrementos salariales para el sector docente universitario de apenas 1,3% mensual entre junio y agosto, 1,2% en septiembre y 1,1% en octubre y noviembre. Además, los aumentos de junio, julio y agosto se cobrarán recién junto con el salario de agosto.
Para los gremios, se trata de subas muy por debajo de la inflación y que no compensan la pérdida de poder adquisitivo acumulada en 2024.
La expectativa sindical está puesta en la eventual aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que permitiría reforzar los fondos para salarios, infraestructura y programas de investigación, con ajustes por inflación desde la asunción del actual gobierno. Sin embargo, anticipan que, ante un previsible veto del presidente Javier Milei, la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para ratificar la norma.
