Ambas iniciativas habían sido aprobadas por el Congreso a principios de julio. La norma impulsaba una suba del 7,2% real para haberes y pensiones (excepto los regímenes especiales), un aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000 ajustable por inflación, y la restitución por dos años de la moratoria previsional que permite acceder al haber mínimo a personas sin 30 años de aportes.
El veto presidencial se enmarca en un contexto de intensas negociaciones con gobernadores y legisladores. El Ejecutivo trabaja para sostener el rechazo en Diputados, donde requiere impedir que se alcance una mayoría de dos tercios para revertir la decisión.
Desde el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios para evitar la anulación del veto. No obstante, incluso bloques aliados como el PRO aún no han definido una postura común sobre cómo actuarán ante el debate en la Cámara baja, que aprobó la ley con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones.
“La política del superávit fiscal es permanente”, había adelantado Milei semanas atrás ante la Bolsa de Comercio, reafirmando su decisión de vetar la ley. También lo reiteró recientemente en la exposición Rural, donde declaró: “Vamos a vetar estas leyes que buscan llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”.
El Fondo Monetario Internacional respaldó la decisión del Gobierno. En un documento publicado tras aprobarse la primera revisión del acuerdo, el organismo advirtió que las leyes impulsadas por el Congreso generaban un escenario de “tensión política e institucional” y que su implementación representaría un gasto equivalente al 1,5% del PBI. Además, el FMI recordó que el Ejecutivo se comprometió a presentar una propuesta de reforma previsional antes de 2026.
En paralelo, la Casa Rosada evalúa ofrecer a las provincias una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta de negociación, aunque aún no hay una propuesta concreta sobre la mesa. Algunos gobernadores manifestaron que hasta el momento no han recibido ninguna oferta oficial.
La resolución definitiva del conflicto podría extenderse más allá de octubre, según proyecta el FMI, debido a la complejidad del proceso legislativo y la posibilidad de que surjan litigios judiciales.
