La medida responde a un amparo presentado por el abogado Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, luego de que el Gobierno se negara a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
Intento de eludir la ley
De acuerdo con el fallo, el Ministerio de Economía buscó “eludir la entrega” del expediente mediante maniobras administrativas. En un primer momento aceptó el pedido bajo la normativa vigente e incluso solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el trámite a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez fue categórico: el Estado debe priorizar una norma sancionada por el Congreso por encima de reglamentaciones dictadas por gobiernos de facto. Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema al recordar que “la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”.
Un derecho humano fundamental
El magistrado remarcó que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que no requiere acreditar un interés particular para su ejercicio. Subrayó, además, que el decreto en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia.
“El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo el fallo, al advertir que la falta de datos sobre el endeudamiento externo afecta directamente a la ciudadanía y al control democrático.
Transparencia obligatoria
Con la resolución, el Ministerio de Economía deberá entregar la totalidad del expediente, incluidos los anexos y documentos técnicos, lo que podría revelar las condiciones pactadas con el organismo internacional.
La decisión judicial marca un precedente clave en materia de acceso a la información y control ciudadano sobre decisiones económicas de alto impacto. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones permanentes con el FMI, el fallo establece un límite a la opacidad en la gestión de la deuda pública.
Para ACIJ y el CELS, la sentencia representa una victoria que confirma que la transparencia no es una opción política, sino una obligación legal y democrática.
