Mediante el Decreto 534/2025, el Gobierno argumentó que las iniciativas no cuentan con financiamiento suficiente y presentan irregularidades legislativas. La firma del veto fue acompañada por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.
Uno de los proyectos vetados establecía un aumento real del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, exceptuando los regímenes especiales, y una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Además, restituía por dos años la posibilidad de regularizar aportes jubilatorios para quienes no alcanzan los 30 años de contribuciones, a través de la moratoria previsional.
El Ejecutivo calculó que estas medidas implicarían un incremento del gasto público equivalente al 1,68% del PBI, en un contexto que considera de fuerte presión electoral hacia las elecciones legislativas de octubre.
El segundo proyecto vetado, la Ley 27.793, declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, habilitaba una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y fijaba actualizaciones automáticas para prestadores. El Gobierno estimó un impacto fiscal de más de $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, sin contemplar el programa “Incluir Salud”.
“Vamos a vetar. Y si se intenta revertirlo, lo judicializaremos. Incluso si el peor escenario se concreta, será algo reversible”, había advertido Milei semanas atrás durante una exposición en la Bolsa de Comercio, en respuesta a la contundente votación a favor de las leyes en el Senado.
Ahora, la estrategia del Ejecutivo apunta a sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para rechazar la medida. El oficialismo confía en que contará con el respaldo suficiente —superando los 80 votos negativos— para evitar que el Congreso insista en la sanción original.
La sesión prevista para este miércoles incluirá una agenda amplia y compleja: financiamiento universitario, emergencia del Hospital Garrahan y del sistema científico nacional, y análisis de decretos que impactan en organismos como el INTI, INTA, Vialidad, la Marina Mercante y el Banco Nacional de Datos Genéticos. También se debatirán iniciativas impulsadas por los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y reformular el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En medio del debate, la Casa Rosada evalúa ofrecer a las provincias una propuesta que incluiría un reparto parcial de los ATN —aún sin monto definido— con el objetivo de reducir tensiones con los mandatarios provinciales, quienes reclaman una nueva distribución de los fondos nacionales.
