La medida fue adoptada mediante la Resolución 727/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se da continuidad a la Resolución 347/25, que estableció el marco operativo y las reglas de actuación para la intervención en estas regiones.
Según el documento, el despliegue se llevará a cabo en áreas definidas por una mesa de coordinación interministerial, conformada junto al Ministerio de Seguridad Nacional. Durante la primera etapa, la operación se concentrará en la provincia de Salta, dentro de los sectores designados como zonas de seguridad fronteriza.
El objetivo de la operación es reforzar la vigilancia y el control en zonas no urbanas ni habilitadas como pasos fronterizos, en línea con la Directiva de Política de Defensa Nacional y la Directiva Estratégica Militar del Estado Mayor Conjunto. Además, se espera que esta acción contribuya a la demarcación de los límites internacionales del país.
El personal militar actuará de manera coordinada con fuerzas federales y provinciales, bajo la supervisión del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25. También se implementará un sistema de registro de información, actividades y novedades para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, administrado por el Estado Mayor Conjunto y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa.
La resolución aclara que el inicio de esta fase cuenta con el aval judicial correspondiente en la jurisdicción federal de Salta y que las acciones cumplen con las leyes nacionales vigentes en materia de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
El “Operativo Roca” se integra al Plan Güemes, activo desde el año pasado, que busca fortalecer la presencia del Estado en la frontera. Tras la relanzamiento del plan en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz destacó: “Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica de nuestra frontera y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”.
La base legal para la operación está respaldada por la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y el Decreto-Ley N.º 15.385/44, que autorizan la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad frente a riesgos que puedan afectar la vida, la libertad o el patrimonio de los ciudadanos.
