Además, se dieron de baja 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y otras 10.038 que fueron renunciadas voluntariamente. Entre las suspendidas, se detectaron casos de documentación repetida, como radiografías, ecocardiogramas y estudios médicos idénticos utilizados por distintos solicitantes.
Según Adorni, la investigación apunta a un entramado de corrupción que habría comenzado en la gestión de Néstor Kirchner y que, durante años, desvió recursos esenciales para las personas con discapacidad. Se estima que el perjuicio económico alcanzó alrededor de 1.000 millones de dólares anuales.
Los datos oficiales muestran un crecimiento desmedido de las pensiones no contributivas por invalidez entre 2003 y 2015, pasando de 79.000 a más de 1.045.000. Tras una leve reducción en la gestión de Mauricio Macri, la cifra volvió a subir durante el gobierno de Alberto Fernández, llegando a 1.222.000 en diciembre de 2023.
Las auditorías actuales detectaron que cerca del 35% de los beneficios presentaban incompatibilidades: desde beneficiarios con bienes de alto valor y empleos formales hasta certificados médicos falsos, incluyendo estudios que ni siquiera correspondían a personas.
Para el Gobierno, se trata de desarticular un “mecanismo perverso” que vulneró los derechos de quienes realmente necesitan este apoyo. “Hoy, los recursos vuelven a quienes les corresponden”, subrayó Adorni. La Justicia, que ya había iniciado causas en el pasado, cuenta ahora con la colaboración plena del Ejecutivo y con información detallada para avanzar en las investigaciones.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca garantizar que el sistema de pensiones por discapacidad recupere su verdadero objetivo: asistir de forma eficiente, justa y transparente a quienes más lo necesitan.
