La medida, según se indicó, apunta a reforzar los controles para que ninguno de los involucrados que deben cumplir penas efectivas de prisión se escapen del país y consigan entrar a otra nación con el que Argentina no tenga un tratado de extradición.
El informe busca, por lo tanto, que se refuerzan los controles y se incorporan los nombres de los condenados en las bases de datos de ingresos y salidas del país con información de la situación procesal de la exmandataria, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
La idea que motivó el pedido, según indicar fuentes cercanas al tribunal, es evitar casos como el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que teniendo un pedido de captura se declaró en rebeldía durante tres años en Uruguay en el marco de una causa por presuntas amenazas en la que ya fue sobreseído.
De este modo, el tribunal que preside Gorini busca desactivar cualquier maniobra especulativa que proyecte una estadía de la expresidenta fuera del país a la espera de un eventual cambio de gobierno que le permita recibir un indulto. Una gran cadena de supuestos que la Justicia busca cortar de raíz.
