Desde horas de la mañana, agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y espacios políticos críticos del oficialismo comenzaron a congregarse sobre Avenida Entre Ríos y zonas aledañas al Palacio Legislativo, con un reclamo concreto: exigir un aumento urgente en los haberes mínimos, la restitución de medicamentos y el restablecimiento de la movilidad jubilatoria.
A las 16 horas, el clima comenzó a tensarse cuando una columna de manifestantes intentó cortar la Avenida de Mayo con la intención de avanzar hacia la Plaza. La Policía de la Ciudad —en coordinación con fuerzas federales— desplegó un fuerte operativo que incluyó vallas, patrulleros y agentes en moto para impedir el paso. Al resistirse a la orden de no avanzar, un grupo de manifestantes respondió con agresiones y lanzamiento de objetos contundentes, lo que desató la intervención directa de los uniformados.
Como resultado, siete personas fueron detenidas. Según fuentes policiales, una de ellas tenía antecedentes penales por portación de armas no convencionales y estaba siendo buscada por estafa. Todos los detenidos tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando los enfrentamientos se trasladaron a un café ubicado en las inmediaciones del Congreso, donde una mujer resultó herida y se registraron roturas de vidrios y mobiliario. La escena fue registrada por diversos medios de comunicación que cubrían la jornada.
Las imágenes difundidas por televisión también mostraron a agentes marcando con pintura a manifestantes identificados como iniciadores de disturbios, una práctica que generó críticas entre organismos de derechos humanos.
El operativo de seguridad impidió el ingreso al Congreso de todas aquellas personas que no fueran legisladores, empleados o periodistas acreditados, lo que fue interpretado por los manifestantes como una señal de “cerco represivo”.
Entre los reclamos, se destacaron pancartas exigiendo jubilaciones mínimas de $1.250.000, denuncias por el “vaciamiento del PAMI”, la falta de acceso a medicamentos y críticas al “brutal ajuste dictado por el FMI”, según palabras de los organizadores.
Además, se denunció la “represión sistemática” del Gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, al tiempo que se recordó que protestas anteriores también terminaron con manifestantes heridos.
El trasfondo del conflicto: el aumento previsional en disputa
La protesta ocurre en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y la oposición por el tratamiento de la nueva ley de movilidad jubilatoria, que ya fue aprobada por el Congreso pero que el Ejecutivo prometió vetar.
Actualmente, el haber mínimo se sitúa en $309.294,79, al que se le suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $379.294,79. El proyecto aprobado prevé un incremento de 7,2% para todas las jubilaciones y la elevación del bono a $110.000, lo que llevaría el haber mínimo a $441.564 —una suba del 16,4%—.
En el caso de las pensiones máximas, estas pasarían de $2.081.261,17 a $2.231.111. Para los beneficiarios de la PUAM, el ingreso subiría de $247.436 a $317.436.
Desde la Casa Rosada insisten en que este tipo de incrementos comprometen el equilibrio fiscal. El presidente Javier Milei aseguró en sus redes sociales: “Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”.
De acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de estos aumentos sería del 0,26% del PBI, cifra que el Ministerio de Economía elevó a un acumulado del 0,7% para 2025 y 2026 si se tiene en cuenta la proyección del gasto previsional con la nueva fórmula.
En caso de que el Congreso insista y rechace el veto presidencial, el Gobierno anticipó que judicializará la medida. Mientras tanto, los jubilados siguen en las calles, exigiendo respuestas concretas a lo que consideran una situación de abandono.
