El gobierno nacional ha dado un giro inesperado al firmar un dictamen que permite auditar universidades, una decisión que ha generado gran controversia. Esta iniciativa surge en medio de un clima de protestas, donde las tomas de facultades se han convertido en una respuesta directa al veto a la ley de financiamiento universitario impulsado por el presidente Javier Milei. La auditoría se presenta como una herramienta de control, pero muchos la interpretan como un intento de limitar la autonomía universitaria.
Las protestas no solo son una reacción al dictamen del gobierno, sino también a la creciente preocupación por el financiamiento de la educación pública. La comunidad estudiantil ha intensificado sus acciones, con casi 100 facultades ocupadas en todo el país, incluyendo instituciones emblemáticas como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los estudiantes han organizado asambleas y manifestaciones, exigiendo una revisión del veto presidencial y un aumento en los presupuestos destinados a universidades.
La respuesta de la comunidad educativa ha sido unificada y poderosa. Los docentes universitarios, junto con los estudiantes, han convocado a un paro nacional para el 17 de octubre, demandando mejoras en las condiciones salariales y un financiamiento adecuado. El ambiente es de resistencia, y cada día se suman más voces al clamor por una educación pública de calidad y accesible para todos.
