Condenamos las nuevas vías constitucionales provinciales que ahora facilitan la expulsión de comunidades ancestrales de sus territorios para favorecer los intereses económicos extractivistas de algunos poderosos grupos empresariales, violentando con ello el inc. 17 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Rechazamos el torpe límite constitucional al ejercicio del derecho a reclamar, prohibiendo formas de manifestación social y criminalizando la organización o participación en dichas movilizaciones.
Lamentamos la miserabilidad de los salarios de las y los trabajadores de la salud, la educación y la administración jujeña.
Repudiamos el descabezamiento del movimiento Tupac Amaru, la prisión de su máxima dirigente -capaz de lograr la organización popular-, y la conformación del Supremo Tribunal Provincial con agentes políticos del contubernio, que aseguran la supremacía de la voluntad de poder económico y político provincial, con la complicidad de un sector de la oposición.
Mientras dicen defender la república, atentan contra sus principios: la igualdad ante la ley, la división de poderes, la soberanía popular y la participación ciudadana.
Convencidos de que la pretendida entrega de los recursos naturales estratégicos al gran capital concentrado profundizará la violación de diversos derechos humanos en Jujuy y en la Argentina toda, adherimos a la convocatoria a un diálogo fecundo dentro del respeto de las normas constitucionales de la nación.
Deseamos que la acción represiva del gobierno jujeño no sea un globo de ensayo para la nueva etapa que pronto podríamos vivir las argentinas y los argentinos…
Todo plan de ajuste y autoritarismo generará resistencia. Y toda resistencia traerá represión.
Los reprimidos serán los de siempre, y los beneficiarios del ajuste y del abuso de poder… también.
Balcarce, 21 de junio de 2023.
Ana María Pérez - Presidenta
Juan Fraiz - Secretario
