Un grupo de mujeres denunció al Gobierno por la muerte de familiares que esperaban segundas dosis de Sputnik-V

Un grupo de mujeres presentó una denuncia contra el Gobierno por la muerte de familiares que esperaban segundas dosis de Sputnik-V.

La presentación es por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra quién o quienes corresponda”, y está en manos del juez Sebastián Casanello.

“Queremos que se haga justicia, alguien se tiene que hacer cargo por el mal manejo de la pandemia”, indicó a La Nación Goyheneix de Abelleyra, una mujer que permanece aislada junto a su esposo por un cuadro de coronavirus y que nunca recibió la segunda dosis de la vacuna. Su hijo también murió por la enfermedad.

“Ahora estamos junto a mi marido en casa. Tenemos mala oxigenación porque estamos con coronavirus. Nunca nos llegó el segundo turno. La verdad que es una bestialidad lo que está pasando y debe haber responsables. Yo apoyo la denuncia que se presentó hoy, si no fuera por mi estado de salud hoy hubiera estado en Comodoro Py”, agregó.

La denuncia comenzó a gestarse a partir de un texto que escribió Mercedes Moreno Klappenbach, de 67 años, que luego se viralizó y juntó 700 firmas. Ese escrito se titula “Que sea justicia”, y dice lo siguiente: “Invitamos a todos aquellos argentinos que no hemos recibido la segunda dosis de la Sputnik-V, a sumarse a esta convocatoria. Así como también a todos los que perdieron un ser querido por la no llegada de todas las vacunas en tiempo y forma. Este Gobierno bloqueó la compra de las vacunas americanas, priorizando las rusas”.

Así, Moreno Klappenbach fundó junto a otras mujeres la Asociación Mujeres Americanas, que desde el año pasado le reclaman al Gobierno por más testeos y, por supuesto, vacunas.

“Desde el año pasado que pedimos por más testeos porque veíamos cómo se manejaba la pandemia en otros países y pensábamos que eso era necesario”, describe Moreno Klappenbach.

“El Gobierno rechazó las vacunas de Pfizer por pura y simple ideología. Esta conducta tipifica el incumplimiento doloso de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) al haber privilegiado unos proveedores de vacunas. Vale recordar que Pfizer, además de encontrarse radicada en el país desde el año 1956, una de las primeras sucursales que se instaló fuera de EE. UU., ya se encontraba realizando la mayor convocatoria de voluntarios para uno de las pruebas preliminares. La más importante en el mundo: 5000 voluntarios en el Hospital Militar. Cuántas vidas se hubieran salvado con la llegada de todas vacunas”, se lee en el texto que escribió Moreno Klappenbach.

“Hoy firmamos la denuncia seis mujeres. Ahora las autoridades judiciales son las que deberán determinar si la denuncia sigue su curso y quiénes serían los culpables. Según nos dijeron en el juzgado, nadie presentó una denuncia similar a la nuestra. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia”, finalizó.

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