Pasó más de un año de aquel episodio y la Justicia finalmente absolvió a los funcionarios educativos, Gabriel Biocca, Norma Muga, Valeria Ordóñez y Marita Ardouin en una causa que se les había iniciado por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La supuesta acusación tenía que ver con el incumplimiento de la normativa establecida en el Art. 8 de la ley 13.981 y la Resolución de Enargas NAG 200 (cap. 8.6) al realizar contratación de personal no matriculado para la ejecución de todo tipo de obras de gas en escuelas públicas del Partido de General Alvarado.
“Quiero dejar aclarado que ninguno de los acusados fuimos notificados de esta denuncia, todos nos enteramos a través de los medios. Luego pude contar con alguna documentación cuando desde la fiscalía fueron al Consejo Escolar a solicitar probanzas, la cual se encontraba y se encuentra en el Consejo completa y administrativamente correctamente confeccionada, para esclarecer todo”, indicó la consejera escolar de Juntos por el Cambio, Marita Ardouin a LA CAPITAL.
Esta situación llevó, entre otras cosas, a que fueran citados en su momento directivos de distintos establecimientos educativos y proveedores También se solicitó al Tribunal de Cuentas de la Provincia que verificara si los pasos administrativos habían sido correctamente llevados a cabo.
En ese sentido, el agente fiscal Carlos David Bruna, que interviene en la causa, recopiló todas las pruebas que solicitó y expuso: “Entiendo que de los elementos colectados en autos no surgen indicios de comisión de delito alguno por parte de las autoridades del Consejo Escolar denunciadas que habilite el ejercicio de acción penal por parte de este Ministerio Público Fiscal, por lo que, dispongo archivar las presentes actuaciones”.
Además, según sostuvo Ardoiun ante este diario, “también quedó perfectamente demostrado que todas las intervenciones en obras de gas fueron realizadas bajo la supervisión de matriculado de 1ª Categoría, tal como lo requiere la Resolución NAG 200 y los procedimientos de contratación fueron y son realizados de acuerdo a las leyes y normativas vigentes que administrativamente nos rigen en el Consejo Escolar”.
No obstante, este fallo fue apelado por el denunciante y remitido a la Fiscalía General quién resolvió confirmar la resolución adoptada por Bruna, ante la “inexistencia de los elementos típicos que configuren delitos en que pueda fundarse la acción punitiva estatal”.
Fuente: LaCapital
