Según pudo saber este medio, que dio la noticia de la muerte del recluso este jueves, el presidente del Tribunal Oral Nº 2, Alexis Simaz, había solicitado mediante la presentación de un oficio en las áreas judiciales de Sanidad y Arquitectura la habilitación de un recinto que diera respuesta a la problemática planteada por el abogado Mauricio Varela, representante de Sosa, quien pretendía ser juzgado oralmente. En ese sentido, los informantes manifestaron que el documento que dictó el magistrado, uno de los tres que tenían a su cargo la resolución de la causa, había sido analizado tanto a nivel local como en La Plata, donde se encuentran las autoridades de la Justicia provincial.
Según pudo saber LA CAPITAL, el pedido fue examinado días atrás por las especialistas marplatenses en la cuestión. Luego, se dio traslado a sus pares platenses, pero éstos manifestaron que la potestad para decidir sobre la situación era de los anteriores. Por eso, los jueces del tribunal Simaz, Roberto Falcone y Néstor Conti aguardaban la definición de las autoridades de ambas áreas de Tribunales a nivel local (Sanidad y Arquitectura) para fijar una nueva fecha de debate en los próximos días. Ese informe, al parecer, se iba a dar a conocer a la brevedad.
“La habilitación de las salas es resorte de las áreas de Sanidad y Arquitectura cuyos tiempos el Tribunal Oral Nº 2 de Mar del Plata no maneja. Es decir, son oficinas que no dependen de los jueces: tienen sus tiempos y ellos deciden cuándo habilitan algo y cuándo no”, explicaron las fuentes consultadas.
En simultáneo, indicaron que los magistrados habían citado para el pasado martes a las partes (en forma virtual para algunos, y presencial para otros, con el objeto de que todos pudieran estar presentes) y se pudiera discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, como ocurrió con la mayoría de los casos que tuvieron sentencia en el último año. Como se explicó en la publicación anterior sobre el suicidio de Sosa, el fiscal Alejandro Pellegrinelli no asistió por cuestiones personales -sufrió un problema de salud- y pidió la suspensión de esa diligencia.
Notificado de aquello, Sosa -cuyo juicio ya se había suspendido en 2020- se suicidó en su celda del pabellón 8 de la Unidad Penal Nº 15 de Batán. Vale recordar que tanto el recluso como su abogado se negaban a aceptar un acuerdo de juicio abreviado debido a que consideraban que la figura delictiva que se le adjudicaba al acusado (“tentativa de homicidio”) podía llegar a cambiar con la decisión final de los jueces ante el ofrecimiento de prueba en el debate oral (por la figura “lesiones graves”). Eso, creían ambos, modificaría sentencia de los jueces y en esa línea, la pena que le impondrían se reduciría, lo que iba a acabar por dejarlo en libertad ya que había pasado, a la fecha, casi dos años en condición de prisión preventiva.
