"No queremos ser perseguidos"

Hasta el momento no se habían expresado tras la explosión de un tablero eléctrico que ocurrió el pasado 25 de enero en la sala de máquinas del Hospital Municipal Subzonal, una de las áreas sensibles, que dejó sin luz al edificio durante media hora.

La desesperación y el rápido accionar de médicos y enfermeros para salvaguardar la vida de los pacientes, fundamentalmente, se adueñaron del lugar hasta que se solucionó el "extraño" inconveniente.

Se radicó una denuncia en la Fiscalía Descentralizada Local que derivó días después, tras pruebas, peritajes y testimonios recogidos, en la detención de Mario Avila, afectado al área de Mantenimiento del centro asistencial, quien está imputado de los delitos de "Incendio, explosión o inundación con peligro de muerte". Permaneció cinco días en la cárcel de Batán hasta que fue excarcelado.

EL CONFLICTO

Esta situación desencadenó una situación conflictiva a partir de que el Sindicato de Trabajadores Municipales inició una encendida defensa del empleado, quien es además afiliado y delegado gremial, y acusó al Departamento Ejecutivo y al director del Hospital, Antonio Dojas, de haberle tendido una "cama" a Avila en represalia a los reiterados reclamos elevados por éste en cuanto a la prestación del servicio.

Hubo a partir de entonces concentraciones, marchas y reuniones del STM con el Departamento Ejecutivo que encabezaron el propio intendente Esteban Reino y el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani.

El gremio cargó duramente contra Dojas, pidiendo su renuncia luego de haberlo denunciado penalmente por "Incumplimiento de los deberes de funcionario público". Pero el Intendente lo mantiene por ahora en el cargo.

Al mismo tiempo, la conducción gremial a cargo de Filomena Santángelo empezó a hacer públicas denuncias sobre falencias edilicias en el Hospital como también cuestiones ligadas a manejos administrativos.

EMPLEADOS SE "SIENTEN PERSEGUIDOS"

Pero hay otra pata fundamental de esta historia y es la de tres empleados del área de Mantenimiento que declararon en la causa, que se sienten "perseguidos" y hostigados". No lo dijeron pero aludieron a integrantes del STM, entendiendo que tuvieron un comportamiento que los condiciona para seguir desarrollando su labor de manera habitual.

Diego Andrés Martínez (Legajo 1341), Carlos Roberto Escubet (Legajo 1430) y Marcelo Oscar Nievas (Legajo 1475), de ellos se trata, representados legalmente por el abogado Ezequiel Vivas, hicieron su descargo a través de un escrito que llegó a la redacción de El Diario.

Los empleados, que se desempeñan en el Hospital desde hace varios años, expresaron que "realizamos siempre nuestras tareas con la mayor diligencia y responsabilidad posibles, lo cual se puede corroborar a través de nuestros superiores, quienes pueden dar fe de ello. A pesar de eso, en estos últimos días, a raíz de lo acontecido, nos sentimos perseguidos y condicionados para continuar con nuestra labor habitual".

En virtud de la situación que viven por estas horas es que decidieron decir su verdad para aportarle "claridad de lo acontecido y de lo que nos toca vivir por estos días, solo por cumplir nuestras obligaciones".

QUÉ SUCEDIO

Evitando calificar el hecho acontecido aquel 25 de enero pasado y que es investigado por la Justicia, Martínez, Escubet y Nievas expresaron que "explotó el tablero de electricidad del generador del Hospital, quedándose sin energía eléctrica la mayor parte del mismo, ocasionando los ya sabidos inconvenientes y dificultades que hasta podrían haber sido aún mayores si no hubiésemos actuado de manera rápida y diligente".

Ante la emergencia, agregaron "junto a otros compañeros arriesgamos nuestras vidas para conectar directamente la electricidad y evitar lo que podría haber sido una tragedia ya que había muchas personas internadas e insumos que necesitan alimentación eléctrica de manera continua".

Este hecho, por determinación del entonces director interino del nosocomio, Fernando Islas, fue denunciado a la Justicia al tiempo que también se iniciaron sumarios administrativos. "Por nuestra parte -informaron-, desde el primer momento nos pusimos a disposición no solo de nuestras autoridades sino también de la Justicia, prestando nuestro testimonio, los cuales hemos también ratificado. En otras palabras, al no tener nada que ocultar, y sabiendo que obramos siempre de la manera correcta, enfrentamos la situación con entereza".

HOSTIGAMIENTO PARA CAMBIAR LAS DECLARACIONES

Consideraron luego que por esa forma de actuar "comenzamos a ser hostigados para que cambiemos nuestra declaración, e insultados como si nosotros hubiéramos hecho algo que no corresponde. Entendemos la situación del compañero investigado pero no por ello vamos a permitir que se ensucien nuestros nombres. Dos de los tres firmantes de esta nota somos afiliados al mismo sindicato que el compañero acusado. Sostenemos con nuestros aportes mensuales al mismo como lo hacen la mayoría de nuestros compañeros. Pero a pesar de ello en ningún momento nos sentimos protegidos ni amparados por el mismo. Por el contrario, a través de distintas declaraciones en los medios y en nuestro ámbito laboral se nos acusa de algo que está en manos de la Justicia, y es ella quien debe resolver aunque nos pese. Como si fuésemos nosotros los encargados de resolver la cuestión".

Añadieron que "a todo esto se le suman las falsas afirmaciones y hasta acusaciones que algunas personas a través de las redes sociales realizan sin saber lo que realmente sucedió o al menos también ponerse de nuestro lado, que somos laburantes igual que los demás. A muchos se les hace fácil tirar la piedra, sin aún conocer el fondo de la cuestión o tan solo escuchando una sola campana".

ANGUSTIA Y DOLOR

Martínez, Escubet y Nievas coincidieron en manifestar que sus familias están sufriendo porque ellos están sufriendo. "Consideramos que en estos tiempos la justicia social pareciera pesar más que la justicia que deben impartir los jueces. Y esto causa mucho dolor. Nos sentimos mal, angustiados y conviviendo en un ambiente totalmente horrible que nos quiere desenfocar de nuestra labor. Tenemos la tranquilidad de haber obrado de la manera correcta y solo decir la verdad. Pero eso parece que en este país y en nuestra ciudad (que nos conocemos todos) cuesta caro", manifestaron.

En la parte final de la nota apelaron "a la buena voluntad de la gente. Todos queremos que se investigue y se llegue a la verdad del asunto pero en el mientras tanto no queremos ser perseguidos ni que nuestros nombres sean ensuciados. Porque no solo sufrimos nosotros sino nuestras familias también. Por nuestra parte seguiremos prestando nuestro servicio de la mejor manera posible ya que la situación que ha provocado la pandemia nos exige redoblar esfuerzos para el bien de todos".

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