Scaltritti recibió una pena de 8 años y 6 meses de prisión, mientras que Arce, que era su subalterno en la División Drogas Ilícitas, a 8 años por el delitos de “comercio de estupefacientes doblemente agravado”. Ambos continuarán detenidos en la Unidad Penal Federal de Marcos Paz, donde se encuentran alojados desde hace más de dos años.
Los jueces Roberto Falcone, Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez condenaron a los policías en sintonía con lo pedido por el fiscal Juan Manuel Pettigiani, quien había solicitado penas de 10 años para Scaltritti y de 9 años y 6 meses para Arce, y darán a conocer los detalles de la sentencia de un caso, en el que hizo foco en la corrupción policial en la zona roja, el próximo 11 de septiembre.
Por otro lado, en la sentencia se ordenó enviar una copia del escrito rubricado por los jueces a la Fiscalía Federal, con la finalidad de avanzar en la investigación de los jefes policiales que actuaban al momento de los hechos, al menos desde principios de 2014 y hasta mayo de 2017, por posibles responsabilidades que surgieron en el debate.
La acusación del fiscal
Para el fiscal Pettigiani, el accionar de Jonathan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, “brindando asistencia policial, convirtiéndose en guardia pretoriana de la organización criminal que conducían [Mara] Cambareri y [el fallecido Juan José] Esquivel para que estos comercialicen estupefacientes con total tranquilidad o comerciando ellos mismos sustancias prohibidas, desnuda el poder punitivo más perverso y amenazador para una comunidad”.
“Estamos aquí frente a un caso de corrupción policial. Esta corrupción corroe las instituciones y ataca la vida en sociedad”, había dicho Pettigiani en su alegato.
El representante del Ministerio Público Fiscal hilvanó los testimonios y la prueba que consta en el expediente y fue ventilada durante las audiencias del debate para concluir en la responsabilidad de Arce y Scaltritti, para quienes pidió nueve años y seis meses y diez años respectivamente -de acuerdo a su jerarquía en la fuerza- por el delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado y multas. Los hechos investigados ocurrieron desde principios 2014 a mayo de 2017.
“Como agravante específico he considerado el escándalo social que generaba la actividad de venta estupefacientes en la zona roja, que no sólo afectaba el bien jurídico del delito en análisis, sino que la actividad se proyectaba también a afectar el orden público, situación que se vio potenciada por la conducta desplegada por los imputados”, sostuvo el fiscal sobre el final de su alegato.
Para el fiscal, el comportamiento de los policías condenados quebrantó los más elementales deberes que tenían asignados: “Ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de proteger a su comunidad, cuidando de la vida y de la seguridad de los gobernados. Arce y Scaltritti violaron sus deberes legales, no sirvieron a la comunidad, no protegieron a quiénes debían y sí lo hicieron con las personas que delinquían”, precisó Pettigiani.
Condenas previas
Cabe recordar que Scaltritti y Arce se habían negado a acordar en el juicio abreviado donde fueron condenados el resto de los miembros de la organización. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal tuvo por acreditado que Mara Cambareri, Carlos Kubics, Araceli Hurtado Baca, Alfredo Pérez, Rayza Alfaro Moreno y William Vázquez Hernández conformaron una organización criminal, desde al menos el 10 de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2017, que se dedicaba a comerciar estupefacientes en la zona roja de Mar del Plata por intermedio de mujeres trans que ejercían la prostitución.
Según quedó demostrado en la investigación, Cambareri había organizado una red propia para abastecerse de estupefacientes y, junto a su pareja Kubics, se la administraban a las mujeres trans que ejercían la prostitución en la zona comprendida por la avenida Champagnat, la avenida Jara, la avenida Luro y Chile.
En el juicio abreviado, se acordó una pena de 6 años para Cambareri, Kubics, Hurtado Baca, Pérez y Alfaro Moreno, como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes. Respecto a Vázquez Hernández, se lo condenó como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, imponiéndosele una pena de cuatro años de prisión.
