En el documento público allí leído se afirmaba que no había ningún estudio de costos que avalare los nuevos valores fijados para el gas y la electricidad; que no se conocían las obras que harían las empresas con los brutales aumentos, y que los incrementos fueron dispuestos con intervención de funcionarios que hasta pocos meses antes eran jerarcas de las empresas privadas beneficiadas.
También reclamaban a las autoridades ejercer un estricto control sobre las empresas de energía, limitando su rentabilidad a porcentajes normales e internacionales; recuperar y dinamizar el mercado interno; impedir la importación de productos que atentaren contra la industria nacional, y adecuar el precio de los combustibles a las posibilidades del pueblo argentino, cuidando la producción de las Pymes y la actividad comercial.
“ No debe colocarse a un pequeño grupo de lobos custodiando los bienes y derechos de una enorme cantidad de ovejas”, decía el documento, y agregaba el deseo de continuar construyendo una Argentina en Paz y Armonía, Grande y Para Todos.
Gran cantidad de personas se dirigieron luego al HCD, donde entregaron a su Presidente –Gustavo Bianchini- el citado documento, con el fin de que fuera remitido a las autoridades nacionales.
El gobierno de entonces hizo todo lo contrario a lo solicitado. Los resultados quedaron a la vista. Evidentemente, y pese a las críticas que recibieron, aquellos hombres y mujeres concentrados el 2 de junio de 2016, tenían razón.
