“Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”, dijo el presidente Alberto Fernández este martes durante un acto en La Plata.
El máximo mandatario retomó la polémica por las condiciones de detención de los reclusos junto a Axel Kicillof e intendentes bonaerenses. “Encarcelar a todos y no construir prisiones no tiene sentido, es todo marketing”, subrayó en referencia al gobierno de Mauricio Macri.
Y por primera vez, a casi dos meses de iniciados los cuestionamientos por las liberaciones o los pedidos de prisión domiciliaria de reclusos en el marco de la pandemia, que el Gobierno (Poder Ejecutivo / Legislativo) no le tiró la pelota a la Justicia, el tercer poder del Estado.
Según pudo saber, tras consultar fuentes de los dos juzgados de Ejecución Penal de Mar del Plata, los pedidos de prisión domiciliaria y/o libertad asistida o condicional por parte de los reclusos del penal de Batán ya son más de 450: es decir, casi la mitad de las personas que están alojadas en la Unidad Penitenciaria Nº 15 efectuaron presentaciones para que se revea su situación luego de declarada la pandemia del coronavirus.
Si bien los jueces que deben fallar al respecto normalmente reciben este tipo de solicitudes en condiciones normales, y no todas las recientes están justificadas en el temor al contagio del Covid-19, los informantes que dialogaron con este medio manifestaron que el número se incrementó en forma asombrosa y, lógicamente, lo adjudican a dicha situación sanitaria.
En Mar del Plata, los magistrados que deben definir, en la gran mayoría de los casos, la situación de los reclusos son Raúl Perdichizzi y Juan Galarreta, quienes están al frente de los Juzgados de Ejecución Penal Nº 1 y 2, respectivamente. Se trata de los jueces que deben estar al frente del seguimiento de los presos cuando éstos ya tienen condena firme y cursan la misma en la cárcel.
En las últimas horas, reveló que Ezequiel Medina (33), sentenciado a 21 años de prisión por el crimen de Dalina Di Mauro -ocurrido en 2009- había solicitado la semana pasada a Perdichizzi que le concediera el beneficio del arresto domiciliario, amparado en un informe médico sobre su salud y los riesgos que implica el contagio del coronavirus.
El de Medina es un ejemplo para graficar lo explicado anteriormente: en septiembre de 2019, mucho antes de que una enfermedad amenazara en masa a la humanidad, ya había pedido ser integrado al programa Casas por Cárceles, lo cual significa permanecer en el penal de Batán pero con un régimen abierto y ambulatorio. En aquella oportunidad, y tras las quejas de la familia de la víctima, dicha solicitud no fue aprobada por el magistrado.
Ahora, Perdichizzi tendrá que volver a decidir sobre la situación de Medina, aunque esta vez la justificación para recibir el beneficio tiene un motivo (deberá analizar si fundamentado o no) directamente vinculado a la salud, en el marco de la pandemia. Por su parte, el juez ya notificó a la familia de la víctima como también lo había hecho antes (acorde a la modificación de las leyes que se realizaron en 2017) y debe esperar que se expidan al respecto formalmente, al igual que el fiscal del caso y la defensa del recluso.
Por su parte, los familiares de Di Mauro ya adelantaron su indignación por el nuevo pedido de Medina. “Este tipo de personas busca cualquier cosa para salir de prisión y no cumplir con su pena. Todos sabemos que estos arrestos domiciliarios no los controla nadie y por ende estamos en riesgo, no estamos seguros con esta persona tan cerca y haremos responsable a la Justicia si nos pasa algo”, indicó Mariano, hermano de Dalina, en diálogo con este medio.
Además, mencionó que el hombre condenado por el crimen que sacudió a la ciudad hace más de una década acreditó como domicilio para abandonar la cárcel un inmueble ubicado a sólo cuatro cuadras de la casa de los padres de la víctima. “Dalina no tuvo ningún beneficio ni oportunidad cuando este tipo la ejecutó a dos metros de distancia. Igualmente, le pedimos a la Justicia que arbitre los medios sanitarios necesarios para el cuidado de esta persona pero dentro de la cárcel, donde debe estar hasta el cumplimiento de su pena, 10 años más”, concluyó Mariano Di Mauro.
Caso por caso
Las fuentes de la Justicia de Ejecución Penal a las que tuvo acceso este medio explicaron que, a pesar de la gran cantidad de solicitudes recibidas de este tipo, cada magistrado debe analizar caso por caso la situación y una vez llevado a cabo el análisis completo ahí recién tomar una decisión al respecto.
Para ello, se exigen le informes socioambientales al personal de la Unidad Penitenciaria de Batán, y también presentaciones respectivas sobre el desempeño disciplinario del recluso, su condiciones de salud y el tipo de delito por el que fue condenado. Finalmente, se le da traslado -como se dijo antes- a las partes y una vez recibidas las respuestas de cada una de ellas existe un plazo de hasta cinco días hábiles para dar a conocer una definición.
Aproximadamente, desde el 20 de marzo hasta hoy en el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 se recibieron 250 pedidos de este tipo por parte de los reclusos, mientras que en el Juzgado Nº 2 hay alrededor de 200. “Son entre 5 y 10 por día de promedio desde que empezó la pandemia, y la mayoría de ellos tienen al coronavirus como principal justificativo. Después, hay que analizar cuáles tienen fundamentos real en materia de salud y cuáles no”, explicó uno de los informantes.
Cabe destacar que sobre muchas de estas solicitudes ya se tomaron las decisiones correspondientes (alrededor del 70% del total, con la mayoría de los beneficios pedidos denegados) antes de que la Suprema Corte bonaerense suspendiera por dictamen, hace más de 20 días, el habeas corpus que permitía la liberación de supuestos reclusos en riesgo que poco antes había avalado el Tribunal de Casación de la provincia.
De todas formas, además de las casi 500 presentaciones que se llevaron a cabo en la Justicia de Ejecución Penal, hay que sumar otras de hombres y mujeres que permanecen detenidos en alcaidías o destacamentos locales aún sin haber sido juzgados. Esas, en cambio, se efectúan en los fueros de la Justicia de Garantías, por lo cual el número de solicitudes obviamente es todavía mayor al vertido en este informe, que sólo abarca a quienes permanecen alojados en las unidades penitenciarias Nº 15 y Nº 50 (cárcel femenina). En dichos establecimientos hay, en estos momentos, más de 1100 detenidos.
Fuente: LaCapitalMDP
