Según publicó el medio Gabal, la interrupción del servicio se ejecutó mediante un operativo con móviles de la cooperativa y presencia policial, que culminó con el retiro del medidor del inmueble ubicado en calle 39. Un procedimiento llamativo por su despliegue y por el momento elegido.
La emisora afectada pertenece a Carlos Herrera, quien además se desempeña como delegado de la propia cooperativa. Herrera solicitó un plan de pago, opción que le fue negada, profundizando aún más las suspicacias en torno al accionar adoptado.
Frente a esta situación, desde el entorno de Gabal debió realizarse un aporte económico para lograr la reconexión del servicio y permitir la continuidad del medio. En el lugar, además, reside un familiar dependiente que necesita energía eléctrica de forma permanente, un dato que agrava la gravedad del hecho.
Desde Gabal sostienen que lo ocurrido afecta directamente el normal ejercicio de la actividad periodística y lo consideran un nuevo episodio que impacta de lleno en la libertad de prensa local, en un contexto donde investigar, opinar y denunciar parece tener costos concretos.
El comentario que precedió al corte fue realizado por Herrera en redes sociales, donde afirmó que “determinadas situaciones del poder local tienen que salir a la luz”. Mencionó presuntas irregularidades laborales, maltrato a empleados y cuestionamientos patrimoniales, y advirtió que esto recién empieza.
El interrogante queda planteado: ¿se trató de una casualidad administrativa o de un mensaje claro para quienes se atreven a incomodar al poder?
