Kicillof mantiene una buena relación con los gremios estatales, quienes, si bien no lograron recuperar poder adquisitivo, tampoco perdieron tanto como los trabajadores nacionales desde que Javier Milei los puso como uno de los blancos de su ajuste. Los números reflejan esa realidad: en los primeros diez meses del año, los estatales bonaerenses recibieron una suba del 25,9%, frente a una inflación del 24,8% en el mismo período.
La lógica detrás de esa evolución es simple: aunque con algún retraso, Kicillof venía convalidando hasta ahora aumentos salariales que, en cada ronda de paritarias, buscaron empatar la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Pero esta vez, esa metodología está sometida a una presión extra: el Gobierno advierte que sin leyes —pero sobre todo sin autorización para tomar deuda— será muy difícil otorgar un nuevo incremento.
¿Qué pasó hasta ahora?
Hasta el momento se realizaron dos reuniones —una con los representantes de los empleados de la administración central y otra con los gremios docentes— en las que hubo escucha de las demandas, pero ninguna propuesta concreta de aumento. Lo mismo ocurrirá este jueves, en un encuentro con los judiciales. Sin nuevas convocatorias confirmadas, las negativas se insertan en un contexto de incertidumbre respecto del financiamiento provincial.
“Sin leyes no hay vida”: la frase, que un alto funcionario del Gobierno deslizó a DIB, sintetiza en términos casi dramáticos la postura de Kicillof ante la negociación con los estatales. El criterio es claro: una cosa depende de la otra. O, dicho de otro modo: si no se aprueban las leyes, el aumento de fin de año —la cuota que se cobró este mes había sido acordada en agosto— será muy difícil de financiar.
Alerta por el aguinaldo
En el Ministerio de Economía, que conduce Pablo López, advierten incluso que la presión sobre el Tesoro por el pago de la segunda cuota del aguinaldo en diciembre exigirá al máximo las posibilidades provinciales. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, viene pidiendo —hasta ahora sin éxito— una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar la cuestión del financiamiento. Reclama a Javier Milei una deuda superior a los 12 billones de pesos.
Aunque el gasto salarial es uno de los más importantes de la Provincia, no es el único ítem donde se expresa el endurecimiento. Los intendentes, por caso, todavía no tienen asegurados fondos suplementarios a la coparticipación provincial, porque esa cláusula está incluida en el proyecto.
Ayer, en la Legislatura, obtuvieron dictamen los proyectos de ley de Presupuesto e Impuestos (Fiscal e Impositiva), pero no la autorización para tomar deuda por el equivalente a 3.035 millones de dólares. Ese último rechazo provocó enojo en las filas del Gobierno, desde donde partieron reproches hacia la oposición, pero también fastidio con La Cámpora y el massismo, a quienes acusan de no hacer todo lo posible para que el Gobernador tenga las leyes que reclama.
Fuente: Diarios Bonaerenses
