El beneficio había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, y que además le reclamará a la ex mandataria la devolución de los montos percibidos con anterioridad, estimados en alrededor de 1.000 millones de pesos.
En esta causa, Cristina Kirchner solicitaba la nulidad de las resoluciones que dispusieron la baja tanto de la pensión derivada de Néstor Kirchner como de la correspondiente a su propio mandato presidencial. Argumentó que la demora en la resolución definitiva del proceso afectaba sus derechos a la seguridad social y su subsistencia, y sostuvo que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.
Por su parte, la ANSES pidió el rechazo de la medida cautelar, al señalar que la asignación prevista por la Ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es de carácter graciable, es decir, una prestación excepcional que no se basa en aportes previsionales, sino que constituye un reconocimiento al honor y desempeño del cargo.
El organismo agregó que el planteo de la ex mandataria “se confunde con el objeto principal de la demanda” y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo impugnado.
“La medida solicitada afecta el interés público, ya que implicaría ordenar el pago de un beneficio de alto impacto económico y vulneraría las políticas de transparencia y veracidad en la gestión pública, aspectos esenciales en la lucha contra la corrupción”, argumentó la ANSES.
La baja del beneficio se resolvió luego de que la ex presidenta fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa Vialidad.
Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
