El avance de la privatización fue posible luego de dos decisiones clave del oficialismo y sus aliados: incluir a Nucleoeléctrica en la Ley Bases 2024 entre las empresas estatales sujetas a privatización, y bloquear el tratamiento legislativo de un proyecto impulsado por la oposición que buscaba proteger el sistema nuclear argentino.
Según el texto oficial, se implementará un “programa de propiedad participada” que asignará el 5% del capital accionario a los trabajadores, mientras que el 44% será ofrecido en venta mediante una licitación pública nacional e internacional. El Estado conservará el 51% de las acciones.
La resolución, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, dispone que la Secretaría de Energía deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” para garantizar el proceso. Además, ese organismo tendrá que realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan influir en la valuación de la empresa.
Asimismo, la unidad ejecutora deberá coordinar las acciones necesarias para que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina quede concluida en un plazo de un año a partir de la publicación de la resolución.
Qué es Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) es la empresa responsable de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. En conjunto, suman una potencia instalada de 1.763 MW y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica nacional.
Los actuales accionistas de la compañía son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa).
Durante 2024, la empresa alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. Según estimaciones de analistas del sector, su valuación total podría ubicarse entre US$560 millones y US$1.000 millones.
Cuando el Gobierno habilitó el proceso de privatización a fines de septiembre, argumentó que el objetivo es “nivelar las reglas de juego respecto a otras fuentes de generación” y que la transferencia parcial al sector privado constituye una medida de “conveniencia”.
“La intervención estatal en actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de ofrecer soluciones eficientes y rentables para el Estado”, señaló el texto oficial. “Desde el inicio de la gestión, este Gobierno impulsa una política de reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas”, agregó.
El Ejecutivo también recordó que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por $700 millones —equivalentes a unos 2 millones de dólares a noviembre de ese año— para sostener su operatividad.
Fuente: Diario Popular
