Ambas normas habían sido ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre, luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. Ante esa decisión, el Poder Ejecutivo no tuvo otra alternativa que promulgarlas, lo que hizo a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, el Gobierno no habilitó los fondos necesarios para ponerlas en marcha.
En este marco, el Ejecutivo mantuvo la misma postura que en el caso de las leyes vinculadas a las universidades públicas y al Hospital Garrahan, y reiteró que debe ser el propio Congreso, mediante la discusión del Presupuesto 2026, quien determine cómo se incrementarán los recursos.
Ley de financiamiento universitario
A través del Decreto 759, el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente y no docente. La norma busca garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las universidades públicas, así como la continuidad de los programas de becas estudiantiles.
La ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá asignar partidas al programa Desarrollo de la Educación Superior para promover el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes, además de fortalecer la investigación, la extensión universitaria, la tecnología y la formación docente. También prevé la actualización de los salarios conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas al sueldo básico.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la ejecución total de la norma representaría un costo de $1,07 billones en 2025, considerando la recomposición de sueldos y becas, y superaría los $2 billones en 2026. No obstante, su aplicación quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes.
Ley de emergencia pediátrica
Por su parte, mediante el Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias de profesionales de la salud por el término de un año.
El objetivo de la norma es garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud infantil, asegurar el funcionamiento de los hospitales pediátricos, fortalecer el sistema de residencias médicas y recomponer los salarios del personal sanitario. Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad.
El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, que deberían financiarse mediante la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Sin embargo, el propio decreto aclara que dichas fuentes no resultan suficientes ni están actualmente disponibles, ya que la cartera sanitaria presenta un déficit de $102.400 millones.
Por ese motivo, el Ejecutivo advirtió que la aplicación de la ley permanecerá suspendida hasta que el Congreso establezca fuentes concretas de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el próximo Presupuesto Nacional.
