La sesión en la Cámara Alta comenzó a las 11, tras una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió la agenda, que incluye también un proyecto para regular el funcionamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de manera menos favorable para el Ejecutivo que la normativa vigente.
La Cámara de Diputados ya rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y tres abstenciones. Con la decisión del Senado, la ley de emergencia en discapacidad queda vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Durante la sesión, además, se están tratando cinco cuestiones de privilegio que cuestionan la decisión del Gobierno de denunciar a periodistas. El juez Alejandro Maraniello prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Las principales críticas apuntan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia y solicitó el allanamiento de los estudios de Carnaval Streaming y de los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico.
Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y dispone la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la ley tiene un impacto de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la cantidad de altas que se produzcan hasta fines de 2026. Entre los puntos más destacados:
Las 200 mil contribuciones por invalidez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las personas que reciben este beneficio pueden trabajar siempre que no superen dos salarios mínimos.
Se debe saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, según los índices de inflación publicados por el INDEC.
Regulación de los DNU
El Senado también debate un proyecto para limitar los DNU, apoyado por kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, como contrapeso a la herramienta que Milei utiliza para eludir al Congreso.
La iniciativa establece que un DNU debe ser aprobado por ambas cámaras en un plazo de 90 días corridos o se considera “derogado”. Solo se respetan los derechos adquiridos durante su vigencia, y el rechazo de una de las cámaras lo deja sin efecto.
