El oficialismo enfrentó límites frente a la presión de distintos sectores sociales y políticos que reclamaban la actualización de partidas y el financiamiento de programas para personas con discapacidad. La frágil relación de La Libertad Avanza con aliados y legisladores, tensionada durante los últimos meses y agudizada tras el cierre de listas del fin de semana pasado, complicó la defensa del veto.
La Casa Rosada había evaluado anunciar un incremento de fondos destinado al sector de discapacidad, con el objetivo de persuadir a diputados indecisos y lograr que se ratificara el veto. Según fuentes oficiales, la propuesta buscaba presentar una “vía de escape” frente al rechazo social por un tema de alta sensibilidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno “está considerando” aumentar las prestaciones para personas con discapacidad, financiadas con los ahorros obtenidos tras auditar pensiones por invalidez mal otorgadas. La medida, puntualizó, no se extendería a otras áreas de salud ni a jubilaciones.
A pesar del anuncio, la aplicación concreta de la iniciativa sigue en estudio. Esto deja abierta la posibilidad de que, una vez caído el veto, el Ejecutivo no implemente la medida. Según fuentes oficiales, cualquier avance dependerá directamente de decisiones presidenciales, más allá del Ministerio de Salud o la ANSES.
En paralelo, el Gobierno ya anticipa la judicialización del rechazo del veto. Milei había afirmado semanas atrás: “Si me rechazan el veto, lo voy a judicializar. No tendrá efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.
Entre los posibles argumentos legales se destacan dos líneas: cuestionar la legalidad de la sesión del Senado que sancionó la ley, alegando que la convocatoria de las sesiones es potestad presidencial, o argumentar que la oposición impuso una normativa sin garantizar las fuentes de financiamiento. Esta segunda vía es la más probable.
