Uno de los puntos centrales será la declaración de la emergencia pediátrica en el Garrahan, que contempla refuerzo presupuestario, mejoras salariales y facilidades para la compra de insumos y medicamentos.
También se discutirá el financiamiento de las universidades nacionales, con una actualización retroactiva del presupuesto desde enero de 2025 y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
Sin embargo, el presidente Javier Milei adelantó que vetará ambas iniciativas en caso de ser aprobadas, al considerar que atentan contra su política de equilibrio fiscal.
El temario fue definido en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un perfil bajo tras ser calificada de “traidora” por el propio Milei.
Debate por los decretos delegados
La Cámara alta también buscará rechazar una serie de decretos que modificaron organismos públicos:
- Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025)
- Marina Mercante (340/2025)
- Instituto Nacional del Teatro y Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (345/2025)
- Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT (461/2025)
- INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV (462/2025)
Los más polémicos son los que transforman al INTA y al INTI, quitándoles su carácter de entes autárquicos y pasándolos a depender directamente de secretarías de Estado.
El INTA quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, con el argumento oficial de que existe un “sobredimensionamiento” de su estructura y deficiencias en su funcionamiento. El INTI, por su parte, pasaría a depender de la Secretaría de Industria, cuestionado por tener un 30% de su personal concentrado en tareas administrativas.
Otro de los puntos de mayor tensión es la disolución de Vialidad Nacional, organismo con más de 60 años de historia. Según la Casa Rosada, su estructura implicaba “altos costos operativos” y menor eficiencia que los tramos concesionados a privados.
En esa misma línea, el decreto disponía también la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyas competencias pasarían a la Secretaría de Transporte, mientras que los controles en rutas nacionales quedarían a cargo exclusivo de la Gendarmería.
La CNRT se transformaría en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte quedaría reducida a la investigación de accidentes aéreos, suprimiendo sus competencias en otros modos de transporte.
Movilización en las calles
En paralelo, trabajadores del Hospital Garrahan, de Vialidad Nacional, del INTI y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizarán una movilización frente al Congreso para exigir la aprobación de los proyectos vinculados a salud y educación, y el rechazo a los decretos delegados que afectan a sus sectores.
Por otro lado, la Cámara de Diputados rechazó ayer, por amplia mayoría, el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en Discapacidad. El texto pasará ahora al Senado, aunque su tratamiento deberá esperar la comunicación formal desde la Presidencia de Diputados.
