La investigación se inició en el año 2018, cuando el juez Santiago Inchausti solicitó la elaboración de un informe patrimonial sobre un total de once sospechosos. El resultado fue elevado en junio de 2019 y concluyó que ninguno de los investigados contaba con los medios económicos necesarios para justificar los elevados niveles de vida que ostentaban. Asimismo, no pudieron acreditar la procedencia lícita de los bienes muebles e inmuebles que registraban a su nombre, ni justificar capacidad contributiva, económica ni financiera para realizar tales adquisiciones.
En febrero de 2023 el magistrado ordenó a la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina la continuación de las tareas con el objeto de profundizar en la vinculación existente entre los imputados y la posible comisión del delito que motivó el inicio de las actuaciones. Como resultado de dichas pesquisas, en mayo de ese año se llevaron a cabo dos allanamientos en los que detuvieron a una mujer de 57 años y secuestrando varias dosis de marihuana, diversas armas de fuego y documentación de relevancia.
A raíz de ese arresto, en octubre de 2024 la División Antidrogas Mar del Plata llevó a cabo una serie de allanamientos vinculados tanto al involucrado como a su concubina. Como resultado de los mismos, se secuestró documentación de interés vinculada a propiedades y activos, como así también una camioneta de alta gama a nombre de otro sujeto, quien resultó ser cuñado de la mencionada mujer.
La concubina y el monotributo
A partir del análisis de los títulos de propiedad y de los activos encontrados durante las anteriores mandas judiciales, en noviembre de 2024 se lanzó una nueva etapa investigativa orientada a realizar tareas de inteligencia sobre el entorno familiar de los antes citados, haciendo especial hincapié sobre la concubina del detenido por la Policía Bonaerense, con la finalidad de detectar posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.
Fruto de esos profundos entrecruzamientos de datos, surgieron tres nuevos involucrados: un hermano y una hermana de la mujer, y su cuñado, quienes sin registrar ingresos formales, figuraban como propietarios de vehículos y bienes que superaban ampliamente su capacidad económica.
Uno de los aspectos más contundentes surgió del relevamiento realizado en el domicilio de uno de los encartados ubicado en Sierra de los Padres, donde se constató la existencia de una vivienda en etapa final de construcción valuada en 550 mil dólares, edificada con materiales costosos, diseño arquitectónico de lujo y acabados de primera categoría.
No obstante, dicha edificación había sido financiada casi en su totalidad por su hermana, quien también fue vinculada a la contratación de la empresa constructora y a la realización de los pagos de materiales e insumos.
Asimismo, a pesar de declarar actividades comerciales mínimas en un centro de estética y otro local de venta de indumentaria, el volumen de ingresos y la capacidad de inversión detectada evidenciaban una desproporción notable entre lo declarado y lo realmente percibido, alimentando la hipótesis de que esos negocios funcionaban como pantallas para la canalización de fondos de origen ilícito.
Consecuentemente, se identificaron inmuebles y vehículos cuyo valor de mercado conjunto se estimó en aproximadamente 850 mil dólares, sin que exista respaldo documental ni legal que permita explicar el origen de los fondos utilizados para tales operaciones.
Finalmente, con la totalidad de las evidencias obtenidas, la judicatura actuante ordenó la realización de doce allanamientos en la ciudad de Mar del Plata y dos en Sierra de los Padres. Debido a la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de las Divisiones Operaciones Federales, Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Metropolitana Oeste, Antidrogas Mar del Plata y la Unidad Operativa Federal Mar del Plata.
Durante los operativos, fueron detenidos un hombre y una mujer ambos argentinos y mayores de edad, mientras que 24 personas fueron identificadas. Además, se secuestraron varias dosis de marihuana, la suma de 587.200 pesos, 500 dólares, siete teléfonos celulares, cuatro vehículos, una cámara de vigilancia, una máquina de contar billetes y una notebook.
Los aprehendidos junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de lavado de activos, tipificado en el Artículo 303 del Código Penal de la Nación. (0223)
