La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios.
La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
En cuanto se aprobó la norma, el presidente Milei anticipó un “veto total” en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.
En Balcarce, la concentración será a la hora 18 en plaza Libertad. Bajo la consigna «Marchamos en defensa de la Universidad Pública», se invita a participar a estudiantes, docentes y a todos aquellos que han pasado por la Universidad Pública.
