La magistrada se basó en la ‘falta de mérito’ para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto. Según su criterio, hay evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.
Junto a sus colaboradores, Servini había indagado a todos los arrestados, y los incriminó de atentar contra el orden constitucional. La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, que acusó a los detenidos de diversas infracciones; desde "lesiones" y "resistencia a la autoridad" hasta "delitos contra los Poderos Públicos y "perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos".
Las excarcelaciones dispuestas por la magistrada alcanzaron a Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo, Mía Pilar Ocampo y Belén Yanina Ocampo.
En cambio, la jueza decidió mantener tras las rejas a Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez y Gabriel Famulari.
En el caso de Valiente, quedó detenido por tener una granada de gas en su poder, mientras que David Sica fue acusado de pegarle a un policía. Juan Ignacio Spinetto, delegado del gremio docente Ademys, permanecerá preso por atacar a una motocicleta.
“Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se ordene sus prisiones preventivas”, señaló Stornelli en su dictamen ante la jueza.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, que debió desempatar la votación en el Senado para que se apruebe la Ley Bases, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera "un ataque contra el ejercicio democrático".
Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos "no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión". En ese sentido, culpó a sectores vinculados al kirchnerismo. La vicepresidenta enumeró, entre otras cosas, los piedrazos, los ataques con bombas molotov, el incendio de dos vehículos -uno de ellos de la emisora Cadena 3-, las roturas de vidrios y pintadas del frente del edificio en Entre Ríos 181, con piedra París “de importante valor patrimonial”.
“Los hechos descriptos, sin lugar a dudas, podrían considerarse como un ataque al libre ejercicio de las facultades constitucionales propias del Honorable Senado de la Nación que son parte esencial del desarrollo de la vida democrática y republicana”, sostuvo en su escrito.
