La tarea se concretó en una vivienda de calle 24 entre 49 y 51, bajo la supervisión del asesor letrado José Fernández Daguerre y con la colaboración del personal de corte y fraude.
Se recuerda que fraude eléctrico se considera a cualquier maniobra de adulteración de medidores o conexiones clandestinas que posibiliten el consumo ilegal de energía. El hurto o robo de energía se encuentra contemplado dentro del Código Penal y prevé penas que llegan hasta los dos años de prisión.