Congreso: Gobierno presentó el proyecto de juicio político contra la Corte Suprema

Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente este viernes el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT, Eduardo Valdés junto a otros legisladores del FDT, que consta de 410 páginas, propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

Además, el Gobierno nacional oficializó esta mañana la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el "23 de enero hasta el 28 de febrero" para tratar 27 proyectos, entre los que figuran, además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

¿En qué consiste el proyecto presentado?

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el Presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En torno al fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que "resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal".

"La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos", se señala en el texto.

En el texto, los diputados sostienen que también deben ser citados "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

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