Volvió a negar la existencia de “asignación fraudulenta” de fondos a la provincia de Santa Cruz desde Nación y la validación de las mismas a través del Congreso de la Nación y la Jefatura de Gabinete.
Más adelante, Beraldi cuestionó la incorporación a la causa de mensajes entre la Vicepresidenta y el ex secretario de Obras Públicas, José López: “construyeron una historia para dar contenido y credibilidad a mensajes que en sí mismo no tenían mayor relevancia”.
A su vez, indicó que a Lázaro Báez le habían otorgado 1.420 millones de pesos al inicio y que el crédito final fue de 740 millones de pesos. “El plan limpiar todo no existe, porque no le dieron más plata y se reducía el crédito”, aseguró el letrado.
Al mismo tiempo, negó la existencia de una reunión entre el titular de Austral Construcciones y la por entonces Presidenta el 30 de noviembre de 2015 en Santa Cruz luego de que la fiscalía mostrara el aterrizaje de un avión oficial en Río Gallegos.
“La Presidenta estuvo el 30 en un acto oficial en Bariloche”, señaló al mismo tiempo que agregó: “Esta acusación fracasó de una manera terminante”.
Beraldi no negó la existencia de un vínculo entre el matrimonio Kirchner y Baéz, pero lo circunscribió a “una relación comercial, no un retorno ni una asocición ilícita”.
“Se habla de operaciones comerciales como si fueran retornos y se trata de operaciones que son contraprestaciones recíprocas: uno pide un préstamo y el otro paga los intereses”, explicó el letrado.
En ese marco, por ejemplo, aclaró que el juez “(Julián) Ercolini ya dijo que no hubo conflicto de intereses” en el caso del alquiler de los hoteles de la familia Kirchner por parte de Báez.
También indicó que “Lo que quedó acreditado en el juicio respecto de la concentración de un solo empresario, en lo que se refería a la obra vial local, no es algo que haya ocurrido en la provincia de Santa Cruz, sino que pareciera ser, para bien o para mal, una cosa del resto de las provincias”.
Por otra parte, volvió a poner el foco de parte de su defensa en los organismos y funcionarios, por fuera de la presidencia, encargados de realizar controles en el amplio proceso de licitación y asignación de recursos para obras públicas. “Los procesos licitatorios y el control de las obras están a cargo de los entes provinciales. Es decir, ¿no funcionaron los órganos de control?”, cuestionó.
“Los funcionarios que intervenían de manera directa en estas operaciones ni siquiera están indagados, ¿A ustedes les parece que esto es normal? Hicimos un planteo concreto sobre esto y fue rechazado”, agregó Beraldi.
