Los dos dirigentes, sin embargo, no se llegaron a cruzar cara a cara, lo que causó el enojo de Bullrich, quien calificó la audiencia de "una farsa". "Fue una parodia, el Presidente se escondió. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que quería decirle", sostuvo la titular del PRO.
La audiencia comenzó a las 12 en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Luis Sáenz, informaron fuentes con acceso al expediente.
La demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos.
Al respecto, Bullrich confirmó que en la audiencia "ratificó" sus dichos. La opinión que yo di al respecto es que el Presidente de la Nación debía saber que no se firmó un contrato fundamental para los argentinos. Él debía saberlo", sostuvo en declaraciones fuera del palacio de Justicia.
"Eso trajo dolor a los argentinos. Por eso yo hoy quise ser un canal de expresión de todos los que sufrieron por no tener una vacuna a tiempo", completó la ex ministra de Seguridad.
El lunes, durante un reportaje en TN, Bullrich ya había adelantado que "no rectificaría" sus declaraciones. “Yo fui la transmisora de lo que millones de argentinos le hubieran dicho: que como presidente no contrata a una vacuna que la tenía a precio especial”, argumentó la ex ministra de Seguridad.
Además, consideró que quien debe dar explicaciones es el mandatario argentino. “Debe explicar por qué, no ignorando la situación, habiendo recibido al presidente de Pfizer Argentina y Latinoamérica, y sabiendo que su ministro tenía el contrato listo para firmar, no lo hizo”.
En respaldo de Bullrich salió quien era su segundo en el Ministerio de Seguridad, el diputado Gerardo Milman. "Hoy se encuentra el responsable de no haber traído la vacuna Pfizer para que miles de argentinos se salven, @alferdez , con quien denunció e intentó frenar las consecuencias trágicas de esta actitud criminal, @PatoBullrich . Uds deciden del lado de quien van a estar", escribió en Twitter.
El año pasado, ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.
"La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.
La conciliación de este martes fue diferente a la anterior dado que la misma fue ante el juez del caso y, si la demandada no cambia de postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse si efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.
La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un "socio local" en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un "retorno" a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.
El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central.
"En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".
Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.
